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Dar el paso para buscar un abogado es una decisión importante, y el camino a seguir para la resolución de muchos de los problemas que se nos presentan en nuestro día a día. En nuestro bufete ponemos por encima de todo al cliente, su caso, y las posibles soluciones al mismo, lo que nos permite resolverlo con la mayor diligencia y eficacia que cada caso exige. Nuestro grupo de profesionales garantiza una solución ajustada a las necesidades de cada persona. Desde ahora y a un sólo click, no estará sólo para afrontarlos.

 

 

 

Tasas Judiciales

   En este primer artículo abordamos un tema que preocupa a toda la comunidad jurídica y también al ciudadano que es el que en última instancia asume al coste de la misma, lo que encarece bastante el procedimiento judicial. Desde estas líneas intentaremos arrojar algo de luz para que podamos tener claro si se tiene que pagar o no y, si estamos obligados, cuanto sería. Pero si se quiere realizar una consulta directa del caso concreto no dude en preguntarnos.

Lo primero a tener en cuenta son las jurisdicciones a las que afecta, estas son:

  1. Orden Civil
  2. Contencioso Administrativo
  3. Social

Por lo tanto los asuntos penales quedan fuera de esta ley y de la obligación de pagar la tasa, tanto a la hora de interponer denuncia, querella o incluso recurso de apelación.

Hay que matizar además que en el orden jurisdiccional social la tasa sólo afecta al recurso de suplicación y al de casación según la ley, pero que el Tribunal Supremo estableció que esta tasa no era exigible al trabajador, ni beneficiario de la seguridad social ni funcionario que recurriera en suplicación o casación. Tampoco lo es para los sindicatos, por lo que en este orden se restringe mucho su aplicación.

Son en los órdenes civiles y administrativos donde la tasa despliega toda su efectividad, abarcando prácticamente a todos los ámbitos procesales. En el orden civil se ven afectados:

  • Todos los procedimientos declarativos, tanto en la interposición de la demanda como en las reconvenciones.
  • También las ejecuciones y
  • La interposición inicial de monitorios para importes superiores a los 2000 euros.
  • Apelaciones y Casación.
  • Recurso extraordinario por infracción procesal.

En el orden administrativo:

  • Recurso contencioso-administrativo
  • Apelación y Casación.

Las personas que están obligadas a pagarlas son todas aquellas que promuevan la actividad jurisdiccional, es decir, aquellos que inicien el procedimiento. El caso más claro es el de la persona que interpone la demanda, esta tendrá que pagar la tasa. Se está discutiendo actualmente por el hecho de que sea requisito o no indispensable el pagar la tasa para poder presentar la demanda y hacer funcionar el mecanismo judicial. Una corriente importante estima que no, ya que el pago de una tasa no deja de ser una obligación tributaria que nada tiene que ver con el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de los derechos del ciudadano y que, por lo tanto, estaríamos ante una clara vulneración del artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, según esta corriente (que suscribimos), el impago de la tasa generará la preceptiva multa tributaria que se ejercitará por vía de apremio como cualquier otra obligación de este tipo, pero sin menoscabar el derecho a la defensa, por lo que la presentación de la demanda sería correcta y surtiría todos los efectos legales oportunos.

Después de la enumeración de los casos en los que correspondería abonar la tasa, la ley pasa a indicar las diferentes exenciones:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.Ir a Norma modificadora

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

g) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.Ir a Norma modificadora

h) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.Ir a Norma modificadora

i) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

Además de estas exenciones, en la ley se establecen otras de carácter subjetivo, en este listado se exceptúa el pago al Estado, CCAA y entes locales, además de a todos los organismos públicos que dependen de estas administraciones, lo que abarca prácticamente a todo el ámbito administrativo, también a las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las CCAA y el Ministerio Fiscal. Pero, lo más relevante, es que también exceptúa a las personas que solicitaron el beneficio de justicia gratuita y se les fue concedido.

Analizamos ahora lo que quizás más interesa, ¿cuánto tengo que pagar si quiero iniciar un procedimiento judicial? Pues bien, para responder a esta pregunta hay que entender primero que el cálculo de la tasa se realiza mediante dos parámetros, uno de ellos es fijo y el otro varía según la cuantía del pleito.

Cuota Fija en el Orden Civil

  1. Verbal y cambiario: 150€
  2. Ordinario: 300€
  3. Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100€
  4. Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200€
  5. Concurso necesario: 200€
  6. Apelación: 800€
  7. Casación y extraordinario por infracción procesal: 1200€

Cuota Fija en el Orden Contencioso Administrativo

  1. Abreviado: 200€
  2. Ordinario: 350€
  3. Apelación: 800€
  4. Casación: 1200€

De estas cuantías podemos destacar el precio excesivo de la apelación. Este recurso “era de carácter ordinario“, en la práctica un recurso que se puede interponer ante cualquier desestimación en primera instancia y  la gran defensa contra las sentencias dictadas que consideramos injustas. Con la aplicación de esta tasa se está coartando en gran medida el derecho del ciudadano a luchar por lo que considera justo y, por ende, también se está vulnerando derechos fundamentales del mismo. Ahora, con este “impuesto revolucionario” será un recurso que rara vez se verá en los juzgados, sólo para aquellos casos en los que el ciudadano pueda permitírselo, lo que, seguramente, excluya a la actual clase media del país.

En el orden Social:

  1. Suplicación: 500€
  2. Casación: 750€

Una vez establecido el tipo de procedimiento que vamos a seguir y tener el coste de la parte fija del mismo, tenemos que sumarle el variable que para personas físicas es un 0,1 % de la cuantía del pleito, con un límite de 2000 euros. Para personas jurídicas el porcentaje es superior, siendo de 0,5% hasta el millón de euros y de 0,25% en adelante, con un máximo de 10000 euros.

Así por ejemplo, imaginemos que estamos ante un procedimiento civil ordinario en el que se está demandando por la devolución de una entrada por la compra de un piso que después no se llegó a realizar. E imaginemos que lo que se reclaman son 20000 euros por ese concepto:

  • Tendríamos entonces un procedimiento ordinario con un coste de 300 euros
  • Una cuantía variable de 0,1 % de 20000, dando como resultado 20 euros. 
  • El montante total de la tasa sería de 320€

Para que no todo sean malas noticias, si al final de todo el procedimiento termina por acuerdo de las partes o allanamiento, o, siendo la adminsitración la que fue demandada, reconociera todas las pretensiones que se pedían; se devolverá al demandante el 60% de lo ingresado. 
En nuestro ejemplo anterior, si se llegara a un acuerdo que finalizase el procedimiento se devolvería la cantidad de 192 euros. 

Además habría también una devolución, en este caso del 20%, en caso de que haya acumulación de procesos.

Por último indicar que en los procedimientos contenciosos administrativos que fueran resultado de impugnaciones sancionadoras (por ejemplo multas de tráfico) el montante de la tasa, sumados todos los elementos, nunca puede superar el 50% de la cuantía de la sanción reclamada. Con este inciso se mitiga en parte la indefensión que se causa al intentar reclamar una sanción de la administración que no sea de mucha cuantía.

Este es un resumen del panorama judicial que tenemos actualmente. El coste del procedimiento ya es de por sí elevado en algunas ocasiones, como para además añadir una losa adicional al ya castigado bolsillo. Pero además es que esta ley, no nos engañemos, afecta directamente a la llamada clase media, que actualmente no puede permitirse estos costes. Las personas que puede acogerse a la justicia gratuita no se ven afectadas y a las que tienen ingresos cuantiosos no les supone impedimento el pago de la misma para poder ejercer sus derechos. Es el ciudadano medio, el que tiene un sueldo y una hipoteca, el que tendría que hacer frente a la tasa si quiere reclamar sus derechos frente a la justicia.

Es por eso que la mayoría de abogados nos oponemos frontalmente a este ley de tasas, que en nada beneficia a la justicia española, ya castigada y menos valorada. Hay muchas fórmulas para la agilización de la justicia, muchos frentes por los que se podría iniciar un cambio en ese sentido, pero desde luego no a costa de los derechos de los ciudadanos.

Para no dejar el mal sabor de boca he de comentar, por último, que las tasas judiciales están incluidas dentro del concepto de costas judiciales, por lo que en caso de que se gane el juicio y haya condena en costas para la otra parte, esta tendrá que abonar el coste de la misma.

Manuel González Rojas
Abogado

Añadimos a este artículo un complemento muy interesante referido a una consulta resuelta por la Dirección General de Tributos en relación a las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal y las consecuencias, es el siguiente:

La Dirección General de Tributos, en consulta vinculante V0227-13, de 29 de enero de 2013 (SP/DGT/42266), “Aplicabilidad de las tasas judiciales establecidas en la Ley 10/2012 a las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal“, informa que “(…) en el marco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, consideró que las Comunidades de Propietarios estaban exentas del pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, en tanto en cuanto las reclamaciones que interponen como tales «son instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen propio al de aquellas», exentas de acuerdo con la Ley 53/2002. Dado que no existe una previsión genérica de exención para las personas físicas en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal quedan sujetas sin exención al pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que establece la citada Ley“.

No obstante, al carecer las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal de personalidad jurídica propia, deberán resultarles de aplicación los apartados 1 y 3 del art. 7 de la Ley 10/2012, es decir, aplicarles el variable de las personas físicas (cantidad que resulte de aplicar a la base imponible un tipo del 0,1 por ciento con el límite de cuantía variable de 2000 euros), tal y como reconoce la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V3738-13, de 26 de abril de 2013.

Gracias a nuestro compañero José Carlos Pérez Berengena por el aporte.

 

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